Los informes base de la calidad del subsuelo: nuevas herramientas para mantener un control del estado del subsuelo durante y posteriormente a un actividad industrial

A finales de 2010, se aprobó la Directiva Europea 2010/75 / UE de Emisiones Industriales (DEI). Esta, fue transpuesta al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 5/2013, de 11 de junio que modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

Esta normativa dictamina que «toda industria que fabrique, utilice o emita alguna o algunas de las sustancias peligrosas relevantes, entendiendo como tales aquellas incluidas en el Real Decreto 9/2005 de 14 de enero de 2005, en la lista de metales y metaloides aplicables en Cataluña en materia de suelos, en la lista de sustancias prioritarias en materia de aguas incluidas en el Real Decreto 60/2011, de 21 de enero y en la Directiva 2013/39/UE de 12 de agosto, al Reglamento UE 850/2004, sobre contaminantes orgánicos persistentes y las posteriores modificaciones y/o en el anexo XIV del Reglamento UE 1907/2006 relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y mezclas químicas, así como cualquier otra sustancia que se considere que genera un alto grado de preocupación de acuerdo con la normativa comunitaria en relación a la protección del medio ambiente y de la salud de las personas, debe presentar el informe base con la primera renovación de la autorización ambiental que tenga lugar después del 7 de enero de 2014. Igualmente, deberá presentar dicho informe en el caso de que fabrique, utilice o emita sus mezclas, o los compuestos que contengan dichas sustancias peligrosas relevantes”.

Este informe base, debe permitir comparar cuantitativamente el estado de calidad del subsuelo actual del emplazamiento, poder hacerlo de forma periódica, así como en el momento de cese definitivo de la actividad potencialmente contaminante. Su ejecución está vinculada a la licencia de actividades de las instalaciones potencialmente contaminantes del subsuelo.

Anteriormente, si se detectaba contaminación en el subsuelo, al no haber estudios del subsuelo previos, era complicado discernir si la contaminación era antigua o reciente, del antiguo propietario o del nuevo comprador. El proceso de juicios y tribunales para saber quién era el causante del problema, y por tanto el responsable de solucionarlo, se atascaba en la justicia. A menudo la herencia eran pasivos ambientales, los llamados Brownfields, debido al elevado coste que supone descontaminar un emplazamiento y que la administración tampoco tenía la capacidad ni los medios para hacerlo.

Actualmente, gracias a la obligatoriedad de realizar los informe base, se dispone de una «fotografía» del estado medioambiental del subsuelo, para restaurarlo rápidamente si se detectan concentraciones de compuestos por encima de los niveles genéricos de referencia (NGR ) que comporten un riesgo para la salud humana o, en caso contrario, disponer de una red de puntos de control para implantar un programa de seguimiento periódico, a fin de asegurar que la calidad del subsuelo sigue siendo correcta con el paso de los años de actividad industrial, la prevención y el control.

De esta manera la nueva normativa establece la obligación de un monitoreo periódico a los puntos de control (piezómetros para la zona saturada y captadores de vapores por la zona no saturada) en aquellas industrias potencialmente contaminantes del subsuelo evitando la proliferación futura de un penacho de contaminación o de más pasivos ambientales, difíciles de gestionar posteriormente en el momento del cese de la actividad causante.

Con esta legislación, toda actividad potencialmente contaminante del subsuelo, en el momento de renovar su licencia ambiental, se ve obligada a realizar un estudio del subsuelo e implantar el programa de seguimiento y control. Así, un recurso como el suelo y las aguas subterráneas, muy deteriorados en algunas zonas de elevada actividad industrial histórica, se protege y monitoriza, conservándolo en buen estado, realizando un seguimiento si no existe riesgo para la salud humana, u obligando a su restauración en caso de riesgo para la salud humana. 

Mauro Rodríguez Rey

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